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Editoriales

La campaña, el fútbol y la corrupción

03/07/11
Por Eduardo Van Der Kooy
 
Panorama político
Julio Humberto Grondona, el titular de la AFA, estuvo con Cristina Fernández en Olivos, el sábado anterior, horas antes de que Amado Boudou fuera coronado candidato a vicepresidente . No hubo constancia, pese a los rumores intensos, sobre si Grondona volvió a conversar con la Presidenta después de consumado el impactante descenso de River. Haya existido o no el segundo encuentro, Grondona supo muy bien de la preocupación presidencial por el tema.
 
¿Tanta inquietud por el fútbol? El histórico entramado del deporte y la política no es, para ser justos, un descubrimiento kirchnerista. Pero el fútbol financiado por el Estado – que no mejoró la situación económica de ningún club– constituye la más poderosa herramienta de propaganda que ha construido el Gobierno. La caída de River, envuelta en un manto de malhumor social, podía debilitarla justo cuando empieza a asomar la última curva del calendario electoral.
 
No fue casual que algunos ministros del Gobierno también intervinieran, como lo hizo la Presidenta. Aquellos ministros parecieron tirar las líneas maestras para que el problema irreversible, al menos, se ordene a futuro. Aníbal Fernández descartó sanciones a River que, de producirse, comprometerían la posibilidad de su ascenso el año próximo. El jefe de Gabinete es vicepresidente de Quilmes y dirigente de buenas migas con Grondona.
 
Gabriel Mariotto, el interventor político que Cristina le designó a Daniel Scioli en Buenos Aires, anunció con presteza que los partidos de River en el Ascenso serían transmitidos por la televisión pública. El artillero de la ley de medios anda en otros tratos: ver de qué modo el club de Núñez podría seguir recibiendo el mismo pago por derechos de televisación que recibió hasta la semana pasada. A Florencio Randazzo le tocó la tarea más delicada: justificar que el partido definitorio se haya jugado con público –luego de los incidentes en Córdoba– y defender el operativo de seguridad, que la realidad desnudó inservible .
 
El problema no habría radicado, entonces, sólo en las derivaciones deportivas del fútbol. Quedaron de nuevo en evidencia debilidades seculares del gobierno kirchnerista. La lucha contra la inseguridad y el papel de las fuerzas de seguridad continúa a la deriva, llena de contradicciones.
 
¿No resultó acaso inexplicable el desalojo, días pasados, de los docentes de Santa Cruz que protestaban frente al Ministerio de Trabajo? El edificio de la avenida Alem es de manera casi cotidiana un teatro de protestas ante las cuales el poder nunca se suele mosquear.
 
Nilda Garré comunicó la semana pasada un nuevo plan de seguridad. Sería el tercero desde que asumió en diciembre como ministra del área. Su derrotero incluyó una depuración en la Policía Federal que, frente a los primeros remezones, sólo concretó a medias. También, una disputa con Scioli por la inseguridad en Buenos Aires que declinó, por pedido de la Presidenta, a medida que se acercó el tiempo electoral. El resto lo dedicó a una puja con Mauricio Macri, incluso antes de que el jefe porteño resignara su postulación presidencial.
 
A una semana de la elección en Capital, Garré dispuso el envío de gendarmes y prefectos a los barrios del Sur porteño que cumplirán tareas –nadie sabe cómo– junto a la Federal. Coincidió con la decisión de Macri –anunciada hace siete meses– de extender la Policía Metropolitana a esos mismos barrios. Coincidió con otra cosa: aunque, tal vez, cueste explicarlo, la franja Sur de Capital se ha convertido en un bastión electoral del macrismo, según todos los trabajos de opinión pública. El Gobierno K lo sabe. Más que con un programa, Garré estaría actuando con golpes de pasmo.
 
Cuando se planteó el problema en Buenos Aires, la ministra anunció el envío de 6 mil gendarmes. Nadie sabe, de verdad, si esa cantidad camina el territorio bonaerense. Esta semana dijo que irán otros 1.500 al Sur de la Capital. Serían casi 8 mil gendarmes trasladados desde el interior, que abandonarían sus puestos de guardia fronterizos.
 
Las fronteras argentinas han quedado convertidas en un colador . La entrada y salida de droga casi no encuentra dificultades.
 
Se supone que el beneficiario de esas acciones debería ser Daniel Filmus, el candidato K en la ciudad. ¿Lo es? El senador no ha logrado, hasta ahora, desarrollar una campaña con sello propio . En el caso de la seguridad, hasta tuvo que justificar aquella represión a los docentes santacruceños. Le esquiva a requisitorias de la prensa. Debió resignar el debate en TN con Macri y Pino Solanas. Detrás de la excusa tardía de que deseaba hacerlo en otro ámbito, se ocultó la interdicción dictada por Cristina. Se habría ocultado, además, su imposibilidad de hacer frente a muchas preguntas. ¿Qué explicaciones podría dar sobre el escándalo en el INADI? ¿Qué podría decir sobre el caso de Sergio Schoklender y las Madres de Hebe de Bonafini? El Gobierno se ha propuesto, por lo menos, encapsular el caso Schoklender . La oposición pretende lo contrario, pero parece todavía remar en la arena. Ningún intendente concurrió a la citación en Diputados que buscaba ventilar cómo eran los convenios que Julio De Vido obligaba a firmar con la Fundación de las Madres para la construcción de viviendas. Los radicales reclamaron la intervención de la Fundación. La Auditoría General revisará las obras de esa Fundación, después de un pedido de la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso.
 
Un pedido del cual participaron los K para no quedar tan expuestos . El juez Norberto Oyarbide pareciera administrar los tiempos acorde a las necesidades del Gobierno. La feria judicial de invierno se aproxima.
 
El cerco político del kirchnerismo apunta sólo a Schoklender. Pero el ex apoderado de la Fundación está acusado en una causa que fue caratulada como defraudación y estafa y lavado de dinero. Se obvió la figura de la asociación ilícita. Oyarbide ha podido sortear el dictado de la prisión preventiva.
 
Schoklender en prisión, podría convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno.
 
Oyarbide también progresa a paso lento para descubrir las supuestas responsabilidades de Bonafini. Aunque levanta polvareda al embargar bienes de su hija. La estrategia judicial diseñada en torno a la jefa de las Madres permite por ahora apartarla: ella también se presentó como querrellante contra Schoklender, su antiguo socio.
 
Cristina pretende que la corrupción no se instale en la vida pública como eje de campaña . Por esa razón, ordenó silenciar lo del INADI y trata de hallarle un atajo al caso Schoklender. Cada pretensión sería para ella casi como un derecho divino.
 
Con esa misma idea digitó todos los nombres del armado electoral de octubre.
 
Dejó en el camino víctimas y rencores.
 
Dejó también olvidada, quizás, una de las mayores enseñanzas del ciclo kirchnerista de la cual, en otro tiempo, sacó tributo.
 
Los picos políticos del Gobierno coincidieron con su voluntad de apertura; las caídas, con las cerrazones . Los Kirchner sobrellevaron cómodamente las elecciones del 2005 y del 2007. Cayeron en las legislativas del 2009, luego del conflicto con el campo, cuando recurrieron sólo a los incondicionales y al plan absurdo de las candidaturas testimoniales.
 
Los casos de Mariotto y de Boudou explicarían mejor que otra cosa la tendencia de Cristina. También, la irrupción en las listas de una veintena de jóvenes de La Cámpora, exhibidos como una corriente de renovación. Se trata de una mirada peculiar: esa agrupación integra lo que Beatriz Sarlo define como nueva burocracia del Estado.
 
La Cámpora trasunta una identidad corporativa similar a la que el kirchnerismo asegura combatir, con la postergación de peronistas y sindicalistas clásicos.
 
Muchos intendentes siguen rumiando bronca. Prometen, por lo bajo, venganza. Pero es probable que sólo sigan rumiando. Los sindicalistas, en cambio, se conformaron bastante rápido. ¿Serían acaso más kirchneristas que aquellos intendentes? Héctor Recalde dijo que la relación con el Gobierno es perfecta. El diputado es abogado y mano derecha de Hugo Moyano.
 
El líder camionero no tendría de qué quejarse . Es cierto que obtuvo pocos lugares en las listas a legisladores. Pero la Cancillería menea y menea aquel famoso exhorto suizo que solicita datos sobre las causas judiciales en que se encuentra involucrado, a raíz de una investigación en aquel país por lavado de dinero.
 
Tal vez, ese dato solo no explique su mansedumbre.
 
El Gobierno continúa respetando sus cajas y sus negocios.
 
Uno de ellos: el pago de 20 millones de pesos en el primer semestre, por parte de la Secretaría de Transporte, a una empresa que se dedica a los estudios psicofísicos para otorgar las licencias a los conductores de camiones. Una cuestión objetada por la Auditoría General de la Nación ya en el 2006.
 
El distanciamiento de Cristina con Moyano sería, sobre todo, en las formas. Sería para intentar atraer los votos que el sindicalista espanta.
 
Simple simulación, de las tantas.
 
Copyright Clarín 2011

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