//
you're reading...
Editoriales, Nacionales

MANUAL para detectar Corruptos. Parte I

Por Pablo Calvo

Abogados que trabajan en organismos públicos ya pidieron un ejemplar. No sea cosa que estalle un escándalo de corrupción que salpique a sus jefes y ellos no sepan cómo actuar. También lo reclamaron abogados que trabajan en forma particular, para afinar sus estrategias defensivas. Pero el flamante Manual de Investigación Patrimonial les fue negado. No es un manual para todos.

Clarín lo pudo consultar en un escritorio que está a dos cuadras de la Casa Rosada, en compañía de una Persona Expuesta Políticamente, como se denomina a los funcionarios que hay que controlar con mayor sigilo, pues trabajan cerca de los negocios del Estado y las tentaciones.

Es una guía que tiene por objetivo “facilitar el rastreo, identificación y embargo de bienes” comprados con plata sucia, para después intentar recuperarlos. Para eso, da recetas de cómo solicitar documentación que la burocracia argentina considera secreta o reservada. “Se busca que el conocimiento no permanezca encriptado en unos pocos funcionarios”, dice la introducción.

Hasta ahora, sólo el petit hotel de María Julia Alsogaray fue recuperado. El resto del dinero de la corrupción se fue del país o tiene la forma de autos de lujo, viajes en cruceros y mansiones.

Las causas por corrupción tardan unos 12 años en llegar a juicio. O más, si aparecen interferencias políticas que traban las investigaciones. En ese lapso, el corrupto puede transferir fondos al exterior, conseguir testaferros, simular ventas, ocultar propiedades, fumar habanos y dar varias vueltas al mundo sin que la Justicia le toque un pelo.

En esa zona libre de peligros quiere meterse el manual, que acaba de ser puesto a disposición de todos los fiscales de la justicia nacional y está vedado a los defensores potenciales de funcionarios complicados.
Es trabajo diseñado para un país donde los organismos de control cooperan y se fortalecen día a día, la información pública fluye sin candados y la sociedad civil se preocupa por la corrupción. Pero bueno, lo han editado acá.

Tiene 325 páginas y explica a los investigadores cómo leer una declaración de bienes o impuestos, la forma en que se redactan las solicitudes de información a las oficinas que manejan datos sensibles de los ciudadanos y trucos para evitar que los pedidos demoren o sean rechazados. “Juan Pérez” fue bautizado el corrupto que se usó para los ejemplos desarrollados en el Manual, redactado por la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal.

Si “Juan Pérez” hizo viajes cortos a Uruguay, muy seguidos, ida y vuelta en el día, quizás no sea un fanático del cantante Yábor o de la murga Falta y Resto, sino que está llevando plata sin declarar.

Se aconseja en esos casos pedir informes a Migraciones sobre sus entradas y salidas; rastrear su perfil transaccional y crediticio en bases de datos privadas, como Nosis, Veraz y Fidelitas (los fiscales pueden obtener claves de acceso bonificadas); y consultar en la Inspección General de Justicia si el sospechoso forma parte de alguna Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Se detalla cuáles son los trámites que se pueden hacer on line, para evitar tardanzas de hasta un mes en las respuestas.

Figura el mail del Registro nacional de Buques (rnbumailprefectura.naval.com), por si “Juan Pérez” se compró un yate, y cómo obtener información del Registro Nacional de Aeronaves, pues hay funcionarios adictos a volar en jets privados.

El Manual consigna una novedad: la base de datos completa de la División Nacional de Aeronavegabilidad está en la órbita de la Jefatura de Gabinete. Es curioso, porque el Poder Ejecutivo había alegado que no tenía datos actualizados sobre vuelos y taxis aéreos utilizados por ministros y secretarios, ante reiterados pedidos de acceso a la información presentados por Clarín.

Hay también una sugerencia del tiempo de ñaupa: vigilar a los ganadores del casino. Los que vieron la película Gilda, estrenada en 1946, recordarán la escena de un hombre gris que cobraba coimas en fichas de la ruleta, mientras Rita Hayworth y Glenn Ford cruzaban miradas de odio y pasión.

Es que fueron incorporadas al Manual disposiciones recientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que reclaman a los explotadores de juegos de azar reportar cambios de fichas por más de 25 mil pesos. “Lotería de la provincia de Buenos Aires cuenta con una unidad de lavado especializada”; “El Casino de Puerto Madero responde a todo tipo de requerimientos a través de su oficial de cumplimiento”, se indica a los fiscales.
Les sugieren también prestar atención a “las remesas de fondos realizadas mediante el uso de tarjetas recargables prepagas” y los “envíos de dinero a través de portales de Internet”, una modalidad que se desarrolla más rápido que el Código Penal.

Las personas que reciban donaciones o aportes de terceros de 50 mil pesos “o el equivalente en especies” deberían ser miradas con atención, sugiere el trabajo.

Se recuerda entonces que las principales compañías dedicadas a las remesas -Western Union, Money Gram y Latin Express- cuentan con respectivos oficiales de cumplimiento, que son los que tienen asignada la tarea de reportar las operaciones sospechosas.

Hay modelos de distintas notas que se pueden enviar a los organismos que tienen en su poder información para seguir la ruta del dinero, pero básicamente se recomienda ser muy precisos con los pedidos y dirigirlos a la oficina correcta, para evitar dilaciones.

La Inspección General de Justicia “permite la búsqueda de una sociedad por nombre” mediante una “consulta de homonimias”. La Comisión Nacional de Valores “toda vez que existe información secreta que el organismo sólo suministra en el marco de procesos penales, cuando el Ministerio Público Fiscal realice un requerimiento, resultará pertinente que aclare que se formula en el marco de una investigación penal y, si fuere el caso, que tiene a su cargo la dirección de la investigación”.

Sobre la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que tiene a su cargo el registro de sociedades comerciales, fundaciones y mutuales, se destaca que “acepta que se adelanten los oficios vía fax” aunque se aclara que el organismo “no cuenta aún con un registro de homónimos ni con una base de datos cuyo motor de búsqueda sea el nombre de una persona física”.

Luego detalla la información que puede suministrar la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), como declaraciones juradas de impuestos y bienes personales, datos referentes a ventas de casas y compras de automotores, barcos y aviones.

Son enunciados y expresiones de deseo que suelen chocar con la realidad, porque hay organismos oficiales que se niegan a compartir información o sólo difunden la que les conviene.

En los últimos meses, por ejemplo, la Aduana no quiso dar detalles sobre tres operaciones millonarias -dos donaciones y una importación- que podrían ayudar a la investigación sobre irregularidades en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en los manejos atribuidos a Sergio Schoklender.

La AFIP desactivó además un equipo de inspectores que se especializaba en casos que monitorea el Ministerio Público Fiscal, como IBM-Banco Nación y Skanska.
La Cancillería -que el Manual considera decisiva a la hora de buscar la cooperación de otros países- dilata la llegada de un exhorto de Suiza en una causa donde se investiga un presunto lavado de dinero, que irrita al líder camionero Hugo Moyano.

Si en un caso sensible para el poder se impone la protección política de los sospechosos, herramientas útiles como el Manual de Investigación Patrimonial pueden quedar convertidas en consejos huecos o en medidas para aplicar sólo en casos de baja intensidad.

El prólogo de este Manual fue redactado por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, jefe de los acusadores y jurista reconocido, pero que recibió críticas por defender al fiscal que no apeló el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, resuelto por el juez Norberto Oyarbide.

En esas primeras páginas, Righi detalló que, hasta fines de 2010, “se identificaron para su posterior embargo, sobre un total de 49 imputados investigados, 105 inmuebles, 42 automotores, 152 cuentas bancarias y 35 sociedades”.

“Además -agregó-, a través de las declaraciones juradas de esos sujetos, pudo conocerse que muchos de ellos poseían sumas de dinero en efectivo, algunas de ellas considerables, en contraste con el perfil económico que ostentaban ante la Justicia”.

Comentarios

Los comentarios están cerrados.

Dolar hoy

24 hs gold price [Most Recent Quotes from www.kitco.com] Franco Suizo las 24 hs [Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com] Yen las 24 hs [Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com] Euro las 24hs [Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com] Libra 24 hs [Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com] Cobre las 24 hs
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
A %d blogueros les gusta esto: