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Editoriales

La trama argentina de la denuncia norteamericana, por J.Morales Sola

Cristina Kirchner no se sorprendió. Un ajetreo de diplomáticos, sobre todo norteamericanos, venía advirtiéndole desde hacía más de tres meses de las investigaciones sobre probables atentados en Washington y en Buenos Aires. La embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, tuvo la misión en las últimas semanas de transmitir las malas novedades al más alto nivel del gobierno argentino. El jueves pasado, el segundo de Hillary Clinton, William Burns, le ratificó telefónicamente al canciller Héctor Timerman los anticipos de Martínez.

Las investigaciones, que se habían confirmado, según dijo Burns, señalaban que un sector del gobierno iraní había planeado atentados contra las embajadas de Israel y de Arabia Saudita en Washington y en la capital argentina. El plan incluía, sobre todo, el crimen del embajador saudita en los Estados Unidos.

La denuncia penal contra Irán, que el gobierno norteamericano interpuso en los tribunales de Nueva York, no incluyó la amenaza contra las embajadas israelí y saudita en Buenos Aires. Diplomáticos norteamericanos señalaron que existe un hermético cerco informativo en torno de esa denuncia, que también suscribieron el reino saudita y el gobierno de México. El complot fue descubierto en territorio mexicano, cuando un ciudadano iraní-norteamericano intentó comprar el servicio de un grupo de narcotraficantes, los Zetas, para que ejecutara los atentados y asesinara al embajador.

Los diplomáticos no saben, por lo tanto, si prevaleció el criterio de no incorporar en la denuncia a un atentado que se hubiera perpetrado en un país extranjero, que tiene sus propias leyes y su propia Justicia. Estamos satisfechos con la Argentina en el manejo de este asunto , subrayaron en Washington.

La primera conclusión es que una investigación que lleva muchos meses en los Estados Unidos debe contener más información que la que se conoce hasta ahora. Arabia Saudita consideró probado el intento criminal y el gobierno de México ratificó los hechos que sucedieron en su territorio. El propio Barack Obama defendió públicamente esas conclusiones que involucran seriamente al régimen iraní; el actual presidente norteamericano le reprochó en su momento a su antecesor, George W. Bush, porque éste hizo denuncias sin consistencia sobre Irak. También la Unión Europea lanzó una seria advertencia a Teherán en el caso de que se probaran las acusaciones norteamericanas. Todos aguardan, sin embargo, que se exhiban más pruebas que las difundidas hasta ahora, a las que muchos consideran endebles.

La Argentina tiene una relación zigzagueante con Irán desde el atentado a la AMIA en 1994, que mató a 85 argentinos inocentes. Dos años antes, el terrorismo internacional había volado la embajada israelí en Buenos Aires. Diecisiete años después, no hay un solo detenido por la masacre en la AMIA que constituye, aún hoy, el segundo atentado más grande contra la comunidad judía desde el Holocausto. La justicia argentina reclamó la detención internacional de varios jerarcas del régimen iraní (incluido su actual ministro de Defensa), pero no logró hasta ahora más que explicaciones paranoicas de parte de los gobernantes de Teherán.

Los sucesivos gobiernos de los Kirchner oscilaron entre duras posiciones en estrados internacionales y el intento estéril de un diálogo para que Irán entregue a los sospechosos. Ese vaivén entre el frío y el calor hundió en el Congreso un proyecto del diputado Ricardo Gil Lavedra, que promovió que se declarasen delitos de lesa humanidad los actos terroristas internacionales. El proyecto fue firmado por casi todos los legisladores opositores, pero el oficialismo se negó tenazmente a suscribirlo.

Nada se sabe, incluso, de la propuesta argentina para que los iraníes declaren en un tercer país. La propuesta es inconducente según la actual ley argentina, porque la justicia penal no puede extender su jurisdicción a otros países. El acuerdo necesitaría, de concretarse, de bases muy amplias y de la aprobación del Congreso.

¿Por qué Irán? Pocos días después de aquel criminal atentado a la mutual judía, el entonces gobierno de Carlos Menem tuvo la información y la certeza de que Irán estuvo detrás de la matanza. La Cancillería le envió al presidente un decreto por el que se disponía la ruptura de relaciones con Irán, pero Menem vaciló. ¿Podemos bombardear Teherán? , preguntó. No , se respondió él mismo. Entonces es mejor negociar , ordenó. La ruptura de relaciones se redujo entonces al retiro de los embajadores, decisión que aún sigue vigente.

Néstor Kirchner rechazó en 2003 una oferta iraní para incrementar el comercio bilateral hasta 800 millones de dólares. La situación cambió: el comercio bilateral fue de 1455 millones de dólares en 2010, después de que Irán levantara, en 2006, la prohibición de importar desde la Argentina por las duras denuncias internacionales que Kirchner hacía contra el régimen de los ayatollahs.

Mucho tiempo antes, apareció lo que se llamó la “pista siria” para involucrar al gobierno de Siria en lugar del de Irán. Los que conocen las investigaciones aseguran que la “pista siria” fue un ardid para esconder también las complicidades de fuerzas policiales argentinas en el atentado. El dato más llamativo de todas las indagaciones es que un sector del Estado argentino fue cómplice de la masacre en la AMIA, haya sido por execrables prejuicios antisemitas o por simples asuntos de corrupción. Lo más probable es que los cómplices hayan unido lo útil con lo agradable. Nunca nadie avanzó sobre la indispensable “pista argentina”, necesaria para perpetrar tantas muertes inútiles. La comunidad judía argentina sostuvo siempre que fue Irán el país que promovió su inmolación.

La Argentina no puede ni debe rechazar el diálogo con Irán , dijo la Presidenta en la última asamblea de las Naciones Unidas. Pero, ¿se puede dialogar con un gobierno cuyos funcionarios están acusados de haber cometido semejante crimen en la Argentina? ¿No se trató, acaso, de una agresión extranjera sobre el territorio soberano argentino? ¿En qué consistiría ese diálogo? Hace poco, el periodista Pepe Eliaschev fue duramente cuestionado por el gobierno por haber revelado en el diario Perfil que existieron aproximaciones secretas para un diálogo con los iraníes por parte de Timerman.

Fue Luís D’Elía, un dirigente muy cercano a Irán y al gobierno kirchnerista, quien confirmó ahora aquella versión de Eliaschev: Washington quiere sabotear el diálogo abierto entre Irán y la Argentina , dijo en las últimas horas sobre las denuncias del gobierno norteamericano. D’Elía participa como invitado especial de todos los grandes fastos del kirchnerismo.

Por primera vez en muchos años, la delegación argentina no se retiró del recinto de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, cuando habló el insultante presidente de Irán. Ahmadinejad calificó de “pretexto” el Holocausto y puso en duda la autoría de los atentados de 2001 en Nueva York y en Washington. Las delegaciones norteamericana y europeas se retiraron del recinto cuando comenzó con sus ofensas. Había cruzado la “línea roja”, según la jerga diplomática. Esa línea es la negación de la existencia de Israel.

Cristina Kirchner ordenó que, al revés de otros años, esta vez su delegación escuchara hasta el final el mensaje del líder iraní. La Presidenta ya sabía la información que le había trasladado la embajadora Martínez sobre eventuales atentados de iraníes a sedes diplomáticas extranjeras en Buenos Aires.

Cristina confió, quizá, más en su mano tendida para un diálogo confuso e incierto con el fanatismo iraní. O, tal vez, actuó con los mismos reflejos de Menem y creyó que ciertas formas amables podrían frenar la posibilidad de un insoportable tercer atentado. La impunidad es lo que permite la repetición de cualquier tragedia

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