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Editoriales

Waterloo de los medios: “La Batalla de Cablevision”, de entradas y jueces

Una vez mas nos convoca el desarrollo de esta batalla crucial, dentro del espectro de la Guerra de Waterloo DE LOS MEDIOS.

Una vez mas conflictos de indole pura y exclusivamente judicial, y de presentismo, de algunos peones que tratan de ser “Teniente de armas”, (con perdon de los tenientes y sus 6 años de estudios en estrategia militar) que tratan de penetrar de forma presencial y autoritaria en el fuerte de Cablevision. De mas cabe acordarnos que este fuerte sufre virulentos ataques, emboscadas y hasta asedios esporadicos, que tratan de atacar para tomar control de su centro neuralgico, por no mas que decir su columna vertebral. Pero este fuerte esta dirigido por firmes generales de campo, con solidos conocimientos de estrategia militar (y juridica) y blindado por un arsenal de coroneles que tiene el conocimiento de campo suficiente, como para no dar un solo paso atras y defender el Fuerte a cualquier costo. De mas esta decir, que en esta batalla, un paso del eje, es una victoria de 2 pasos para los aliados.

Veamos como se desarrollaron los movimientos en esta fase de la campaña del Eje, en su avance sobre el fuerte:

Pese a que la Cámara Federal de la Capital Federal ha dicho claramente que la justicia mendocina es incompetente para decidir sobre Cablevisión, el Grupo Vila-Manzano y el Gobierno no descansan en seguir intentando, por todas las vías posibles, un nuevo allanamiento a la empresa.

En una nueva y escandalosa burla a la Justicia -que suspendió todos los procedimientos por el conflicto de competencia-, hace instantes se apersonaron otra vez en Cablevisión Enrique Anzoize, interventor nombrado en diciembre pasado por el juez mendocino Walter Bento, y su abogado Ricardo Mastronardi, ambos de fuertes vínculos con el Grupo Vila-Manzano, al igual que el propio Bento y un sector de la justicia federal mendocina.

En una maniobra ilegítima, pretendieron acceder a la empresa con una comitiva de alrededor de 20 personas (entre ellos aparentes guardias de seguridad privada), con el evidente fin de amedrentar a los empleados de la compañía, sembrar confusión en sus clientes y generar con sus provocaciones algún tipo de disturbio funcional a sus intereses.

Cabe destacar que el jueves pasado, la agencia oficial Télam difundió un cable en el que sostuvo que la Cámara Federal mendocina, tribunal también denunciado por vínculos con Vila-Manzano, había avalado la competencia del juez Bento. Sin embargo, lo que Télam y Vila-Manzano no dijeron es que dicha medida -así como todos los procedimientos de esta causa- están suspendidos por efecto del fallo de la cámara federal capitalina, lo cual convierte en ilegal cualquier intromisión en la sede de la empresa.

 En consecuencia, el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Federal de Mendoza Nro. 2 y la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, generado con motivo de la sentencia dictada por esta última el dia 13 de agosto, deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jamás por la Cámara Federal de Mendoza, tal como pretende Vila Manzano, apelando nuevamente a un cada vez más escandaloso forum shopping.

Ello es así por cuanto no existe un superior jerárquico común entre dicha juzgado de Mendoza y la Cámara de Buenos Aires; en consecuencia, en virtud de lo previsto por el art 24 inc 7 del decreto ley 1285/58, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debe resolver la cuestión

Anexo: artículo 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58, que establece lo siguiente:

“La Corte Suprema de Justicia conocerá:…

7°) De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.”

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