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Noticias

de la proximidad del dia de la INFAMIA

Los tiempos para conocer el desenlace del pulso que mantiene el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra los medios de comunicación privados críticos y en especial contra el grupo Clarín, se acortan y la batalla se recrudece. La clave del enfrentamiento es la ley de medios audiovisuales, aprobada hace tres años en el Parlamento, que limita las licencias de radio y televisión con efecto retroactivo y obliga a un proceso abrupto de desinversión en las empresas.A efectos reales, se traduce en el desmantelamiento del mayor emporio de comunicación del que es titular Clarín pero la normativa afecta, en teoría, a otros grupos como Telefónica, propietaria de Telefe. El resultado, también, significa según Eduardo Bertoni, relator para la libertar de expresión de la OEA (Organización de Estados Americanos), «una mayor concentración de medios en manos del Gobierno».

Hasta el momento, la realidad indica que el objetivo de la ley es Clarín, empresa que ha impugnado los artículos más polémicos y se encuentra envuelta en un complejo proceso judicial en el que el Gobierno quiere imponer como juez a Lorena Glagiardi, una abogada que trabaja para el Ejecutivo. De no lograrlo, la posibilidad de la intervención o expropiación a Clarín sobrevuela como una amenaza.

La ley, pese al tiempo transcurrido, no se aplica en su totalidad y el Gobierno no ha exigido a ningún grupo afectado su cumplimiento salvo a Clarín que se blindó con un recurso de amparo al considerar
inconstitucionales varios artículos. El más polémico es el número 161 que obliga a las empresas a desprenderse de licencias de radio, televisión abierta y por cable concedidas con anterioridad. Asimismo, la ley dispone que una misma compañía no puede ser dueña de un canal de televisión en abierto en simultáneo con otro por cable en una misma localidad y prohibe el acceso de las compañías telefónicas al negocio de los medios audiovisuales por cable, caso de Telefónica.

Elefante en cacharrería

El 7 de diciembre, según fallo del Tribunal Supremo argentino, vence el plazo para que la Justicia se pronuncie sobre la medida cautelar. Si el multimedia pierde —independientemente del juicio de fondo que sigue su curso— dispondrá de un año para adaptarse a la normativa ya que el recurso deja en suspenso los plazos estipulados. Esta opinión es compartida por un nutrido grupo de constitucionalistas, pero el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner hace una lectura diferente y amenaza con «llamar a concurso público» para despojar a Clarín de las licencias.

«La ley es una manada de elefantes», resume Carlos Moltini, jefe ejecutivo de Cablevisión, la compañía de televisión por cable de Clarín. «Tenemos licencias que fueron otorgadas para 10 ó 15 años y aparece una ley que dice que este derecho no se va a respetar». Martín Etchevers, gerente de comunicaciones del grupo, responde a las acusaciones de posición predominante con «el mapa de medios. Hoy, no menos del 80 por ciento de los canales de TV y radio depende directa e indirectamente del Gobierno».

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