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Editoriales

Waterloo del los medios: del ataque final y la solucion YPF

No es casual que la única aparición pública significativa de CFK desde su retorno de EEUU haya sido la conmemoración de los tres años de la sanción de la ley de medios, el miércoles pasado. El gobierno quedó descolocado por la profunda crisis de la Gendarmería y la Prefectura y por el anuncio de un paro nacional de la CTA de Micheli y la CGT de Moyano, que seguramente será convocado para después del mega cacerolazo convocado para el 8N. Todo esto en medio de un clima se malestar alimentado por la inflación de 2 puntos de septiembre y las nuevas restricciones para los viajes al exterior. Necesitado como nunca de un triunfo político importante, el cristinismo apuesta entonces todo a doblegar a Clarín, aplicando una política similar a la que utilizara Hugo Chávez tres años atrás, cuando cerró 34 estaciones de radio y arremetió contra la cadena Globovisión. Al convertir el 7D en su única jugada política decisiva, CFK está obligada a que el resultado de la misma sea políticamente relevante. Si el 7D se frustrara, por ejemplo debido a una resolución judicial, el gobierno se enfrentaría a una derrota grave en el comienzo del año electoral, ante la frustración de las expectativas montadas desde la Casa Rosada. De ahí que el campo de batalla se haya trasladado a la justicia. A esta altura parece obvio el sentido del anuncio, por parte del ministro de justicia Julio Alak, de la segunda recusación de un juez -en este caso Roberto Torti-, para subrogar en el Juzgado Civil y Comercial N° 1, donde se tramita la acción de inconstitucionalidad de Clarín contra la ley de medios. También ese tribunal deberá pronunciarse acerca de si, como dice el gobierno, el articulo 161 de la ley deberá aplicarse el 7D o, como señala Clarín, ese día sólo empezará a correr el plazo legal de un año para la desinversión. No es impensable que, en función de los pocos días hábiles que faltan para la fecha clave, el oficialismo apunte en realidad a que para entonces el juzgado en cuestión no tenga juez a cargo. De llegarse a este punto, la decisión que tome el gobierno no podría impugnarse inmediatamente, al continuar vacante el juzgado. Esto le aseguraría a la Casa Rosada, al costo obviamente de un nuevo escándalo, que no se dicte en lo inmediato una medida cautelar oponiéndose a la aplicación de la ley de medios. El bloqueo opositor en el Consejo de la Magistratura al intento de designar en el juzgado en cuestión a la candidata oficialista Lorena Gagliardi, estaría así obligando al cristinismo a patear al tablero.

La fórmula YPF-Ciccone

Pese a la sobresaturación de información sobre el tema, en realidad ni la presidente ni Sabbatella ni ningún otro funcionario, le han dicho al país exactamente qué va a pasar el 7D. Esta cortina de humo tendría que ver con mantener cierto efecto sorpresa pero también con el hecho de que, en realidad, todavía se estarían estudiando diversas alternativas. El jueves pasado, un funcionario que jamás se mostró ante los medios, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, expuso una postura de máxima: Advirtió López que los grupos que no presenten el 7 de diciembre sus planes de desinversión como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación “podrían perder licencias sin la posibilidad de venta”. “La ley les da la posibilidad a estos grupos de decir a quién vendérselo, venderlo y cobrar un dinero por esa venta. De la otra forma, podrían perderse licencias sin la posibilidad de venta alguna”, concluyó

Como es obvio, si aplicara esta solución, el gobierno llamaría inmediatamente a la licitación de más de 200 licencias de Clarín que estarían supuestamente en infracción de la ley de medios. Pero este rumbo podría verse frenado por posteriores presentaciones judiciales de Clarín, porque la adjudicación de las licencias sería imposible de concretarse en cuestión de días.

A la búsqueda de una alternativa que no quede expuesta a posteriores reveses judiciales, los operadores del gobierno trabajan en aplicar la “solución YPF”. Esto es, un decreto disponiendo la intervención de Cablevisión y el inmediato envío al Congreso de un proyecto de ley declarando la utilidad pública de la empresa y su expropiación. Para ello se invocaría que el cable debe ser considerado un servicio público esencial y que el Estado debe intervenir en el mismo. Con una ley de por medio, el tema escaparía al control judicial, repitiéndose así lo ocurrido con YPF y Ciccone. Cablevisión es, sin duda, el objetivo central. Con sus 7 millones de abonados, es la mayor caja de Clarín y una intervención podría ponerle un cepo a los fondos, complicando la situación financiera del grupo. En Olivos estarían trabajando en un tema que reforzaría la operación. En julio del 2010, el titular de la UIF, José Sbatella, denunció una supuesta maniobra dolosa de Cablevisión realizada en el 2007.

La misma, según el gobierno, consistiría en que acciones del grupo, que fueron compradas por las ex AFJP, salieron al mercado con un valor de 35 pesos y luego cayeron abruptamente a 9 pesos. El ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, calificó toda la operatoria como “el saqueo de las AFJP”. El ex banquero se presentó ante la UIF a principios del 2010 para autodenunciarse. En el expediente de la demanda penal consta que los directivos del JP Morgan habían “apurado la operatoria” antes del crac bursátil, a la vez que estaba en conocimiento de la “manipulación” de información por parte del Grupo Clarín.

La maniobra denunciada por Sbatella consistiría en “la manipulación de precios de las acciones que se ofertaron públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión –las ex AFJP–, con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”. En suma, ahora Axel Kicillof, a cargo de coordinar la participación del Estado en las empresas donde la ANSES tiene acciones derivadas de las AFJP, podría intentar fundamentar la intervención y expropiación de Cablevisión en esta cuestión.

Nota final:

La calificación de utilidad pública es privativa del órgano legislativo
y, en principio, ella no es susceptible de revisión judicial. No es función de los tribunales analizar si los elementos políticos ponderados por el legislador conforman realmente una utilidad pública que debe ser satisfecha por el acto de la expropiación. Pero esto no significa que los jueces carezcan de competencia para revisar el acto legislativo con motivo de su aplicación a un caso concreto, a fin de
verificar su razonabilidad con relación a las libertades que se limitan o el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución. La facultad del órgano legislativo no es absoluta ni ilimitada (814).
De modo que ella no puede ser ejercida de manera arbitraria (815) y carente de razonabilidad en perjuicio del derecho constitucional de propiedad de la persona afectada. En tales casos, es revisable judicialmente el contenido de la declaración de utilidad pública y la extensión dispensada por el legislador al acto expropiatorio.

(814) Doctrina de la Corte Suprema de Justicia en los casos “Municipalidad
de la Capital c. Elortondo” (Fallos 33:162); «Gobierno de la Nación c. Ingenio
San Martín del Tabacal” (Fallos 209:401), entre otros.
(815)Conf. SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, Tratado de la Ciencia del Derecho
Constitucional, t. V, p. 108, ob. cit.; GERMÁN BIDART CAMPOS, Tratado Elemental de Derecho Constituciónal Argentino, t. I, p. 340,

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